Referéndum Autonómico – 4 de mayo, Santa Cruz

En el marco del proceso de cambio social y revolución política que está avanzando en Bolivia, el país se encuentra dividido frente al tema de las autonomías departamentales. Esto se ha transformado en el mayor peligro para la unidad política y territorial boliviana, y ha suscitado el involucramiento de la región en la solución de las diferencias entre gobierno y departamentos a través de la OEA. Este tema se ha transformado en la punta de lanza de la oposición al gobierno de Evo Morales, localizada en el oriente boliviano, y liderada por la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero en este presente conflictivo es necesario aclarar unas cuestiones sobre la confusión reinante.

Las autonomías departamentales no son un reclamo novedoso en la realidad política boliviana. Desde los ´80 grupos indígenas han comenzado a manifestarse en pos de administrar su propio territorio y disponer de sus propios recursos. Distintos grupos cívicos, muchos de ellos dirigidos por elites locales, también han ido desarrollando su discurso a favor de una propuesta autonómica. Ambas miradas de las reivindicaciones sobre la autonomía difieren en gran medida, se amparan sobre intereses y cosmovisiones distintos. Sin embargo, ambas pugnan por una mayor descentralización del poder público, explicitado en facultades y atribuciones políticas para niveles inferiores como municipios y departamentos. Se va desconcentrando el poder del estado unitario boliviano hacia abajo. Desde el gobierno de Carlos Mesa se había propuesto, en la llamada agenda de octubre, el llamado a un Referéndum popular sobre una Asamblea Constituyente, autonomías departamentales y otras medidas como la nacionalización de los hidrocarburos. Finalmente, en los primeros meses de la presidencia de Evo Morales, el 2 de julio de 2006 se llevaron a cabo las elecciones para la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico. Ambas cuestiones van a estar íntimamente relacionadas, ya que en el nuevo texto constitucional deberán respetarse las decisiones autonómicas en los departamentos en los que los resultados del referéndum hayan ganado el SI (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija).

En el marco de este proceso, el gobierno ha tratado de refundar el estado boliviano mediante la sanción de un nuevo texto constitucional, aprobada en grande (sin la oposición) el 24 de octubre de 2007 en Sucre.

El nudo del problema se encuentra en la oposición existente en torno a las autonomías entre la nueva constitución y los estatutos autonómicos, basado principalmente en la posesión y explotación de los recursos existentes en el territorio. El texto constitucional establece 4 tipos de autonomías distintas: Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originario. Entre estas variantes se otorga un mayor peso y capacidad de acción a las indígenas originarias. Estas se pueden establecer en un territorio donde haya mayoría indígena, tiene igual status constitucional que las otras autonomías, y la explotación de los recursos ubicados en su territorio debe contar con su aprobación. Finalmente, uno de los rasgos más importantes es lo concerniente a la posesión de los recursos naturales: “Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra” (Art. 307, Inc. II.2).

Por su parte, la propuesta autonómica cruceña basa su programa principalmente en la autonomía administrativa para la elección de sus autoridades departamentales de forma directa e independiente del poder ejecutivo central, y en una descentralización económica que le permita contar con mayores recursos obtenidos en el propio departamento. Esta visión es de corte netamente utilitarista y economicista que pretende aumentar las arcas departamentales, impedir una mejor redistribución de los recursos generados en las zonas más ricas del país hacia zonas más necesitadas. El hecho de que esta propuesta surja de Santa Cruz de la Sierra no es una coincidencia. El departamento de Santa Cruz es el más próspero de Bolivia, el que más aporta al PBI, el que registra los mejores índices socioeconómicos, y finalmente, el lugar donde se encuentra la mayoría de las reservas hidrocarburíferas del país. Acompañado por el Comité Cívico de Tarija, es el Comité Cívico Pro Santa Cruz el que ha elaborado y tomado la lanza a favor de la consecución de esta propuesta.

Ha causado preocupación en el país y la región la posibilidad de que se produzca una ola de violencia. Frente a esto, Morales ha pedido a sus seguidores y principalmente a las organizaciones indígenas que eviten movilizarse a Santa Cruz para obstaculizar el referéndum. Las últimas noticias del departamento de Santa Cruz prevén una jornada relativamente pacífica para el domingo 4 de mayo con algunos incidentes asilados. Un choque entre la Juventud Cruceña (cuerpo de choque del Comité Cívico Pro Santa Cruz) y los grupos afines al gobierno sería un desastre para la estabilidad política del país.

En el camino del entendimiento y acercamiento de las partes han contribuido distintos sectores e instituciones. Cabe destacar el rol llevado a cabo por la Iglesia, la OEA y la Unión Europea, en menor medida. Por un lado, la Iglesia de Bolivia ha instado repetidamente a las partes hacia el entendimiento, jugando un papel limpio y apolitizado a pesar de la fricciones con el gobierno al inicio de la presidencia de Morales. Por su parte, cabe destacar la activa participación de la OEA nuevamente en una problemática regional, y la legitimidad otorgada a la institución por los actores que la solicitaban. Como resultado final, la Organización de Estados Americanos respaldó la integridad territorial de Bolivia, pero se abstuvo de condenar el referéndum autonómico cruceño.

Por último, los resultados de los referéndum serían ilegales debido a una disposición de la Corte Nacional Electoral de Bolivia (CNE). Esto se debe a que dicho organismo se declaró sin capacidad técnica, logística y política para administrar los referéndum dirimible, constitucional y por los estatutos autonómicos. A raíz de ello, el gobierno ha postergado el referéndum sobre la Constitución prevista para fines de mayo, pero el Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, ha optado seguir adelante por la “legitimidad” de su propuesta y sosteniendo que “el voto popular nunca es ilegal”. A pesar de pronunciarse declarativamente a favor de la unidad de Bolivia, Costas ha sostenido que va a nacer una “Segunda República”. Desde los medios opositores se lleva a cabo una campaña abiertamente secesionista amparada en la “inviabilidad de las otras prefecturas que viven a costa de Santa Cruz”, o hasta diferencias culturales y de corte antropológico que diferencian a la población cruceña con el resto del país.

Cabe destacar las acusaciones del gobierno boliviano y grupos afines sobre la participación estadounidense en intentos de desestabilización del país, apoyando financieramente a los grupos opositores. Los roces con el embajador del país del norte, Philip S. Goldberg, desde el inicio de la presente gestión han ido en crescendo y tomado relevancia debido a su participación en la ex-Yugoslavia. Por esta razón se lo ha acusado de querer impulsar una balcanización de Bolivia y una secesión de Santa Cruz al estilo Kosovo.

Bajo la presentación: “en el proceso de recuperación de las libertades democráticas, el pueblo cruceño recobra sus instituciones de autogobierno”, que forma parte del Estatuto de Autonomía de Santa Cruz, elaborado por la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz, dicho departamento se prepara para llevar a cabo el 4 de mayo el Referéndum popular que dictaminará la aprobación o no de dicho estatuto. Los otros 3 departamentos en lo que se impuso el SI a la autonomía tienen proyectados realizar sus referéndum en las siguientes fechas: Pando y Beni, el 1º de junio; y Tarija, el 22 de junio.

El proceso de referéndum no tendrá peso legal, pero sí implicará una muestra de fuerza de los sectores reaccionarios al gobierno y adictos a la política de antaño. Los días posteriores serán esenciales para que el gobierno trate de llegar a un entendimiento con los departamentos sobre las cuestiones más conflictivas. Evo Morales deberá tener una gran cintura política en este juego de toma y daca, cediendo en algunos aspectos pero sin demostrar derrotas políticas.

"Debe ser una aspiración de todos la construcción de una nueva Bolivia digna, igualitaria y soberana."